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Acabar con feudos

Opinión-colorErick Zúniga

Satíricamente me imagino así una proclama que convoque a los maleteros del mundo a organizarse y luchar contra ese gran invento que significan las  ruedas que llevan debajo las maletas y que permiten a los pasajeros transportarlas con facilidad, sin requerir los servicios de este tipo de trabajadores. Me imagino a cientos de ellos bloqueando los pasillos que conducen a las terminales en demanda de una acción de las autoridades para “proteger sus derechos, históricamente adquiridos, amenazados por este avance tecnológico”.

Fantaseo con la idea de que, agrupados en el FUPMCR (Frente Único Proletario de Maleteros Contra las Rueditas), los cargadores de equipaje desquiciaran el funcionamiento de este tipo de instalaciones aeroportuarias o de estaciones de ferrocarril, en demanda de que se prohíba el uso de esa diabólica invención que nos hace la vida más fácil  y que, a su parecer, representa una competencia desleal.

A esas fantasías ridículas nos lleva ver lo que hemos visto estos días en relación al tema de Uber (y otros similares, como Cabify), ese innovador sistema de servicio de transporte que, habiendo nacido en 2009, se ha extendido a más de 200 ciudades en el mundo con un éxito notable. En realidad se trata de una aplicación para smartphones que conecta rápidamente a los conductores con usuarios que necesitan viajar.

Miles de taxistas organizados desquiciaron la ciudad y la vida de millones de personas, al manifestarse en contra de la existencia de  servicios de esta naturaleza, argumentando que mientras a ellos se les regula y exige el cumplimiento de muchos requisitos, los dueños y conductores de vehículos dedicados al servicio de Uber apenas cumplen con algunos requerimientos, de los cuales prácticamente ninguno depende de la autoridad correspondiente, sino de la empresa, que cuida la calidad del servicio. Curiosa paradoja la de observar que los usuarios de dichos servicios nos sentimos mucho más satisfechos con los que prestan quienes no son regulados que con aquellos que proporcionan los regulados. El tema, sin duda, merece análisis.

Ya con un enfoque más serio, en primer lugar, no puedo dejar de referirme al tema consistente en esa maldita organización feudal de nuestro país, la cual surge del hecho de que el gobierno, a lo largo de los años (y de las alternancias),  ha otorgado  (o mantenido) feudos en verdadero usufructo exclusivo a diferentes grupos beneficiarios que interesan al gobierno. Feudos en los que sólo impera el interés y la voluntad de quienes los explotan, en perjuicio del resto de la población. Tal ha sido el caso del sector educativo, del petrolero, o en un tiempo, de los medios de comunicación, por sólo mencionar unos cuantos.

Esos feudos no son la excepción en las  administraciones locales (estatales o municipales), por ejemplo, con el manejo de residuos sólidos o con el transporte urbano, ya sea éste prestado con autobuses, microbuses, combis o taxis. Mediante el otorgamiento de concesiones (las cuales me dicen que han pasado de 75,000 en nuestros tiempos a 140,000 actualmente), el gobierno regula (y supuestamente controla) a transportistas, los cuales, en muchos casos, en la realidad no observan las regulaciones existentes: ni están en buenas condiciones, ni aplican las tarifas adecuadas, no utilizan los taxímetros obligatorios, ni se comprometen con la seguridad de los usuarios.

Sin embargo, los señores feudales que actúan como líderes de los taxistas manejan sus “bases de taxis” y cobran por ello, los inspectores se corrompen para permitir el incumplimiento de la norma y los conductores se aprovechan de los usuarios a la primera oportunidad. Así, esta mezcla de beneficios monetarios mal habidos constituye el producto del feudo que ahora defienden hasta con los dientes.

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