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Acuerdos

Opinión-colorErick Zúñiga

Es un tanto penoso escribir en torno a esto. Y lo es porque estoy convencido de que el maestro Álvaro Vizcaíno, a pesar de un entorno poco propicio, hará un buen papel como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es probable que él sea el último de los funcionarios que ocupe ese puesto y es deseable que le vaya bien. El Consejo Nacional, escenificado el viernes y en voz del presidente Enrique Peña Nieto, anunció  que el número de averiguaciones previas iniciadas por homicidio han descendido respecto a lo que se registraba cuando inició el sexenio.

Eso es lo que el Consejo nos dejó, un anuncio moderadamente optimista (no ha aumentado la tasa de homicidios en el presente sexenio, aunque tampoco regresó a los niveles que prevalecieron antes del estallido de 2007-2008; queda pendiente saber hasta donde el aumento de los homicidios ocurrido entre 2014 y 2015 es un “ajuste” estadístico en nuestra realidad o si se trata de algo más serio).

En cuanto a lo que se nos propone para el próximo año, poco hay que decir. Los acuerdos del Consejo Nacional muestran hasta donde Álvaro Vizcaíno se encontrará con el inmovilismo como apuesta esencial en muchos de los funcionarios que le toca coordinar. Veamos los acuerdos tal y como fueron sometidos a la votación del Presidente y los Gobernadores:

Se somete a la consideración de las y los integrantes del Consejo Nacional, la aprobación de la Norma Técnica para la Estandarización de los Servicios de Atención  de Llamadas de Emergencia. Se somete a su consideración que se instruya al Secretariado Ejecutivo a desarrollar una nueva metodología para la evaluación de las bases de datos, criminalísticas y de personal, y a elaborar una norma técnica para estandarizar las características técnicas y de interoperabilidad de los sistemas de videovigilancia para la seguridad pública.

Por último. Se pone a su consideración la aprobación de un acuerdo mediante el cual las entidades se comprometen a establecer medidas de revisión y control permanente para garantizar que ninguna corporación estatal o municipal y  ninguna empresa de seguridad privada empleen uniformes o vehículos con colores, imágenes o diseños similares en grado de confusión con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El primer punto, tal y como se dijo durante el Consejo, es agua pasada. En realidad el Ejecutivo, en uso de sus atribuciones y en complacencia a Alejandro Martí, decretó que el 911 sustituirá al 066 y al 089 como código para emergencia y que este funcionará a partir de un catálogo de conceptos (el listado para definir cómo se llamará a cada tipo de emergencia). El problema principal es que diversos organismos que atienden contingencias, policiales o de otra naturaleza, han implementado sus propios códigos y número.  La misma Policía Federal rompió lo reglamentado al establecer el 088 como número alterno al 066.

El acuerdo 2, referido a alguna metodología para corroborar que las bases de datos criminalísticas están homologadas (otra vez una lista para que cada cosa tenga un nombre claro y de aplicación generalizada), conduce a una pregunta: ¿Esto es lo que se lleva a un Consejo Nacional al que va el Presidente y los gobernadores y el jefe del Gobierno del DF?

El tercer acuerdo implica un problema de fondo. Los uniformes de las diferentes policías del país, incluyendo las de la Policía Federal, pueden comprarse sin el menor problema en tiendas formales y muchas otras informales en las que no hay el menor control de ventas.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Una triste realidad

El que no tranza no avanza es una frase que por largo tiempo fue axioma irrefutable en buena parte de la cultura mexicana, en el presente parece que empieza a perder vigencia. Los políticos, los profesionistas, los comerciantes de todos los niveles, estaban convencidos de que la forma de hacer fortuna era engañar, “dar gato por liebre”; arreglar las básculas y las bombas de gasolina para dar menos de lo que se pagaba y poner a los muertos en el padrón electoral y rellenar las urnas.

La moral se suprimió de las relaciones políticas, económicas y sociales, pero hoy pareciera, por lo menos en las expresiones  y en el cúmulo de leyes y organismos creados para lograr la transparencia, que se quiere retomar esa vinculación con la ética que  nunca debió suprimirse.

Sin embargo, el propósito se ve muy difícil de alcanzar. La corrupción es un mal tan antiguo como el país mismo, con raíces históricas, culturales y estructurales muy profundas, que se fueron convirtiendo en un fenómeno resistente, apuntalado con solidez por la impunidad y que ha afectado a la sociedad en general y especialmente a la función pública.

Cada día son más las acciones y los actores que se involucran para lograr una gestión ética en la administración pública. Surgen los Códigos de Ética en las distintas dependencias, y hasta en los partidos políticos se aprueban con el fin de orientar el comportamiento de los futuros servidores públicos; algunos los hacen vinculantes a sanciones  y otros quedan sólo como buenas intenciones que se dejan a la conciencia de quienes con su firma se comprometen a cumplirlos.

México ya cuenta con un amplio marco normativo, con instrumentos jurídicos que pueden ser perfectibles, pero que serían suficientes para lograr un nivel aceptable de transparencia y rendición de cuentas, así como base para fincar responsabilidades que conduzcan a la aplicación de sanciones. Sin embargo, el tiempo  ha demostrado  que el  marco normativo no ha sido eficaz para impedir que el país esté colocado entre los que ostentan los mayores grados de corrupción.

Isócrates, el antiguo sabio, tenía razón cuando dijo: “Lo que más ayuda al avance de los pueblos no es que los pórticos estén cubiertos de decretos sino que la justicia habite en el alma de los hombres”.

Esta realidad nos hace reflexionar en que la observancia de la ética no depende sólo de que el país cuente con un marco normativo que señale las violaciones y las sanciones, que además en la práctica no se aplican. Se  requiere de una sólida formación en valores que sustente una recta filosofía de vida en los funcionarios y en los juzgadores, la cual ha  de forjarse desde los primeros años de vida, en la familia y en la escuela.

El gobierno de la alternancia aumentó el texto de Formación Cívica y Ética para la educación básica, pero no se ha atendido a la capacitación de los maestros en esta materia, lo cual hace muy difícil que los textos puedan influir eficazmente en los alumnos.

José Castelazo en su obra El Valor democrático de la gestión pública señala: “ La gestión pública debilita o fortalece la legitimidad de un régimen… Una gestión ética, además de referirse al valor de la honestidad en el servicio público, se relaciona con la profesionalización  de los servidores públicos vinculados a valores sociales…”.

El Instituto Mexicano para la Competitividad informó que México, como país, ha bajado en competitividad y que una de las causas es la falta de ética en general y en las transacciones comerciales, por lo que se ha llegado a la conclusión de que “El que transa no avanza”.

Datos que debemos conocer

El análisis de las finanzas públicas y de cuánto dispone el Sector Público para garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución parte siempre de los ingresos totales que se obtienen por múltiples vías. En el caso mexicano, los ingresos provienen fundamentalmente de los impuestos, así como de la venta de hidrocarburos, ámbito que si bien ha descendido como proporción de los ingresos totales, sigue representando una muy importante aportación a las arcas nacionales.

A pesar del recorte y la austeridad anunciados, los ingresos para el año fiscal 2016 ascienden a la friolera de 4.76 billones de pesos; es decir, una cifra que debería sentar las bases para un nuevo modelo de desarrollo centrado en el bienestar y el cumplimiento universal de los derechos humanos.

De acuerdo con la información disponible hasta ahora, no se redujeron sustantivamente los recursos asignados a entidades y municipios. Que el dinero se distribuya con criterios federalistas es indispensable en una República como la nuestra; y en ese sentido, es de la mayor relevancia también considerar que por primera vez los municipios y las entidades federativas son sujetos obligados por la Ley para apegarse a criterios de transparencia y rendición de cuentas.

De acuerdo con la información presentada tanto por Transparencia Mexicana, como por la organización México Evalúa, el costo de la corrupción en el país equivaldría a cuando menos dos puntos porcentuales del PIB, una suma que rebasa en más de tres veces el presupuesto asignado a un programa como Prospera.

Lo exigible a los gobiernos locales es, por lo tanto, que se ponga un dique definitivo a la corrupción, porque todos los diagnósticos muestran que es precisamente en las ventanillas de los gobiernos locales en donde se expolia con mayor intensidad a la población, y en particular a quienes menos recursos tienen, para quienes representa alrededor del 20% de sus ingresos.

Muy simple

Todo esto tiene que ver con el monto total de los ingresos de la Federación, porque ante la cifra presentada la primera pregunta lógica que surge es: ¿Tal cantidad es mucho o poco dinero? ¿Cómo saber si esos recursos son suficientes para cumplir lo que la Constitución y las leyes le mandan hacer a los Poderes de la Unión y de los Estados?

La cuestión es simple. Por ejemplo, organismos especializados en derechos de la niñez estiman que salvarles la vida a aquellos que fallecen por infecciones estomacales y por deshidratación costaría una inversión anual de alrededor de 250 pesos por cada niña o niño en condiciones de vulnerabilidad. Aun asumiendo que esa cifra fuese requerida para los 21.4 millones de niñas y niños en condiciones de pobreza que contabilizó el Coneval en 2014, la inversión requerida para la atención mínima preventiva de la salud para todas las, niños y adolescentes, en el campo señalado, sería de 5,350 millones de pesos anuales. Esa cifra representaría el 0.11% del presupuesto total disponible de acuerdo con la Ley de ingresos.

Como puede verse, la cuestión de fondo en nuestro país se encuentra en dónde tenemos puestos los objetivos y las prioridades. De acuerdo con el Coneval, hay 5.7 millones de personas en pobreza extrema en localidades urbanas, mientras que la canasta alimentaria básica tiene un costo de alrededor de 1,900 pesos mensuales. Esto implicaría una inversión anual de 10 mil millones de pesos. Frente a los 4.7 billones de que se dispone, no debería ser inalcanzable erradicar la pobreza extrema.

No es cierto que tengamos muchos pobres por cómo medimos la pobreza ni porque los alimentos hayan subido de precio; los hay porque el salario no alcanza para una vida digna; porque crecemos a un ritmo del 2% anual; porque la seguridad social está fracturada; porque no se generan 1.2 millones de empleos por año; y porque la mayor parte de la riqueza se queda en las manos de unos cuantos.

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