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CNDH afirma que no puede proceder contra decreto de AMLO sobre Fuerzas Armadas

La CNDH acusó que, aunque las peticiones de promover la inconstitucionalidad del decreto de AMLO son legítimas, están mal informadas

En los últimos días se han manifestado algunas voces reclamando la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo pasado.

La CNDH acusó que, aunque esas peticiones son legítimas, están mal informadas y refrendó lo que hizo del conocimiento público el 12 de mayo de 2020 mediante un pronunciamiento: su preocupación por la emisión de dicho Acuerdo, precisando que éste organismo dará seguimiento a la participación de la Fuerza Armada permanente en funciones de seguridad pública, de acuerdo con su carácter de organismo constitucional autónomo, y conforme a su mandato de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

«Lo solicitado no habilita la intervención de la CNDH para promover acción de inconstitucionalidad, ya que nos vemos imposibilitados legalmente, al tratarse, no de una Ley sino de un Acuerdo del Ejecutivo Federal, acto que, de conformidad a lo establecido por los artículos 105 Constitucional apartado 2,  inciso g; y 15 fracción XI de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como del contenido de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, no se contempla como causa para iniciar la acción solicitada», explicó CNDH en un comunicado.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos mencionó que, en su oportunidad, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de coadyuvar a la consolidación del marco jurídico que rige la institución denominada Guardia Nacional, de las cuáles aún esperan resolución.

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