Inicio / OPINIÓN / Combate a la corrupción

Combate a la corrupción

Opinión-colorErick Zúñiga

Estando a unas horas de la promulgación de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, conviene un breve repaso por el tiempo y el mundo.

En 1996, los Estados miembro de la OEA adoptaron el primer instrumento jurídico internacional anticorrupción. En el preámbulo podemos leer que los estados firmantes estaban convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los  pueblos; consideraban que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región,  por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas; estaban ciertos de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social.

Al año siguiente (1997), la OECD adoptó la Convención de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. En ella, expresó que la corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas.

En octubre de 2003, la ONU adoptó la Convención contra la Corrupción. Los Estados parte dijeron que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio rango de efectos en las sociedades; lesiona la democracia y el estado de derecho, lleva a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona la calidad de vida y permite que florezcan el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

Los estados parte se expresaron preocupados:  por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley; por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero; y por los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos públicos, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de los Estados.

En cualquier momento, quizá hoy mismo, México se sumará a estos esfuerzos regionales y globales contra este flagelo que azota las finanzas públicas, el sistema económico entero y la confianza social en la autoridad. Las reformas constitucionales en la materia buscan salvaguardar y restañar la integridad pública y, de paso, reforzar la gobernanza del país.

Recordemos que los órganos y sistemas de combate a la corrupción surgen siempre en coyunturas políticas delicadas en las que el régimen necesita una nueva legitimidad social frente a un escándalo mayúsculo. Nacen también cuando la arquitectura institucional de rendición de cuentas empieza a crujir por ineficiencia o por impotencia a falta de instrumentos legales modernos para hacer frente a nuevas manifestaciones de este cáncer.

Revisar tambien

Asentamientos populares o informales

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Andrea Liliana Gonzalez ¿Alguna vez te haz preguntado en dónde vive la ...