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Exige Defensoría justicia en el caso Alberta Cariño y Jiri Jakkola

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El Defensor Arturo Peimbert Calvo reiteró su apoyo a la demanda de justicia en el caso del atentado que quitó la vida a Betty Cariño y Jiri Jakkola, pues a cinco años del suceso, pese a la visibilización y apoyo internacional dado al caso, no todas las personas responsables de ese crimen están detenidas.

 Oaxaca.- El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, censuró el 27 de abril último que la impunidad en torno al caso del atentado mortal contra Alberta Cariño y Jiri Jakkola ya haya generado violaciones graves a los derechos humanos, debido a la omisión por parte de las instituciones del Estado responsables de castigar ese doble crimen.

Durante su intervención en el foro para revisar acciones y pendientes en torno al caso, organizado por el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Peimbert Calvo reiteró su apoyo a los familiares y a la organización en su demanda de justicia, pues es preocupante que a cinco años del atentado, pese a la visibilización y apoyo internacional dado al caso, aún falte detener y castigar a la mayoría de las personas señaladas como responsables del crimen.

Ante Omar Esparza, esposo de Beatriz Cariño, y el representante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), David Peña Rodríguez, el Defensor expuso que es un hecho muy significativo el asesinato de Alberta Cariño y Jiri Jakkola, quienes eran actores clave para resolver el conflicto que en ese momento afrontaba la zona triqui.

Por ello, subrayó que la Defensoría, como organismo protector de derechos humanos, demanda una aplicación plena de justica, además de que emitirá un informe detallado sobre  la forma en que la omisión de las autoridades al respecto ha violentado derechos humanos.

Peimbert Calvo insistió en que la falta de acceso pleno a la justicia en el caso de Alberta Cariño y Jiri Jakkola favorece que se cree un ambiente de impunidad, dando lugar a más violencia y muertes en la zona.

Omar Esparza, en su oportunidad, señaló que la organización MAIZ tenía ya varios años trabajando en la zona triqui para alcanzar acuerdos de paz entre las comunidades y grupos que sostenían una pugna por el poder, a causa de la cual ocurrieron hechos violentos como el atentado mortal contra las locutoras Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores.

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Representantes de la organización MAIZ indicaron, en su foro sobre el atentado a Betty Cariño y Jiri Jakkola, que grupos en pugna por el poder en la zona triqui causaron hechos violentos como el atentado mortal contra Cariño y Jakkola, así como el que privó de la vida a las locutoras Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores.

Esparza sostuvo que los asesinatos de Alberta Cariño y Jiri Jakkola, así como los de Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores, fueron un golpe al diálogo y proceso de organización para las organizaciones. “Sin embargo, ellos eran una esperanza y siguen siéndolo para quienes no tienen voz”, consideró.

David Peña Rodríguez, representante de la ANAD, expuso por su parte que las autoridades tanto estatales como federales no han garantizado el derecho a la justicia en este caso, pues sólo se han ocupado de aplicar en forma incompleta la justicia y privilegiar temas o aspectos políticos relacionados con ambos casos.

Peña Rodríguez rechazó que la impunidad deba ser la constante en el país, pues el derecho de acceso a la justicia está garantizado en las leyes mexicanas y ése es el reclamo.

Por eso, enfatizó, este año el lema de la caravana es “No los olvidamos”, la cual no hace referencia únicamente a la memoria afectiva, sino a seguir levantando la voz para que el castigo a los culpables no sea la excepción, sino la regla.

Puntualizó que continuarán su lucha, pues este caso puede ser el primero de un ataque a defensoras y defensores de derechos humanos que se resuelva con una sanción legal condenatoria, por lo cual pidió a las organizaciones civiles y a la Defensoría que los sigan acompañando en el reclamo de esta demanda, que es una forma de proteger a la sociedad y obligar a la autoridad a realizar su trabajo.

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