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Exigencia en materia de infraetructura

Opinión-colorErick Zúñiga 

Esta semana, el presidente Peña Nieto puso en operación los 118 kilómetros de la Fase I del gasoducto Los Ramones, obra que en su totalidad tendrá 1,021 km y requerirá una inversión de 2 mil 500 millones de dólares. “Sólo este hecho (la Fase I) permitirá ya incrementar un 45 por ciento la importación que hacemos de gas natural… para detonar otras regiones del estado de Nuevo León, de Tamaulipas, en la ruta que tenemos para llevar más gas natural hacia el centro del país”, con una inversión total de 228 mil 500 millones de pesos en la construcción de 8 mil 500 kilómetros de gasoductos.

Bueno, “para importar más gas natural”, ¿pues no uno de los objetivos de la reforma energética es precisamente producir más gas y petróleo en México?; ¿por qué construir tan extensa red de gasoductos para distribuir gas importado, que en poco tiempo resultará redundante u obsoleta? Este es un ejemplo de los grandes contratos que caracterizan el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI), que suma 7.75 billones de pesos. Otros proyectos, por mencionar sólo algunos, son el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que costará 50 mil millones de pesos y el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, que requerirá una inversión de alrededor de 60 mil millones de pesos.

Infortunadamente, se dan muchos elementos para dudar del beneficio para México del contratismo gigante y dependiente del exterior prevaleciente en el PNI, cuando el principal problema de nuestro país en la actualidad es el tremendo desempleo de la fuerza laboral (y su cercano pariente la economía informal, que provee tan magros ingresos a la mayoría de ocupados en ella), que tiene sumidos en la pobreza a muchos millones de mexicanos y que está en la raíz de los otros flagelos omnipresentes, la desigualdad económica y social, el crimen, la inseguridad, la corrupción. Ante esta realidad, el esfuerzo supremo de la sociedad mexicana, y muy en particular del empresariado, del Ejecutivo y el Congreso federales, debería ser la promoción por todos los medios y programas posibles de la creación de empleos formales de calidad para dar una vida digna a todos esos millones de compatriotas que lo necesitan con urgencia. Esto implica, claro, que los proyectos de infraestructura tengan encadenamientos productivos e impacto en el crecimiento económico mucho más dinámicos, que den ocupación principalmente a las fuerzas productivas internas, disminuyendo fuertemente el contenido importado de materiales, servicios, tecnología, que es a final de cuentas mano de obra de fuera del país.

Urge así la activa promoción del aporte de proveedores del país (¿por qué la inversión en proyectos nacionales se anuncia en dólares?). Ya empresarios locales de los sectores del acero y otros protestan por las altas importaciones y el bajo contenido nacional en las obras públicas. Hay aquí un gran filón de oportunidades para impulsar el desarrollo de empresas locales que den ocupación a muchos miles de mexicanos- Eso sin hablar de las múltiples opciones que podrían impulsarse para que empresas mexicanas sean las proveedoras de productos ya elaborados de origen extranjero que los mexicanos consumimos directamente en forma creciente.

Un esfuerzo paralelo tendría que ser que esas obras y proyectos fueran distribuidos más liberal o equitativamente, por decirlo así, que su realización dejara de adjudicarse en decenas de miles de millones de pesos a grandes consorcios y se confiara en mayor medida a pequeñas y medianas empresas, distribuidas a lo largo y ancho del país, en obras con objetivos claros de beneficio mucho más generalizado para el conjunto de mexicanos, que desarrollarán nuestros propios recursos, que no fueran redundantes y que ocuparan directamente mucho más mano de obra nacional, e indirectamente también, con materiales, servicios, tecnologías aportados por proveedores nacionales.

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