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Factores de apoyo, ¿y las respuestas?

Opinión-colorErick Zúñiga

La reciente información de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa está lejos de ofrecer certezas. Quizás estemos ante el inicio de una solución, pero la caída de Ángel Aguirre, o saber que el matrimonio Abarca-Pineda es el autor intelectual de la desaparición de ese grupo de jóvenes no resolverá las causas profundas de lo ocurrido. Es, si acaso, un primer paso en lo que —si efectivamente hay la disposición política— será un largo y complejo camino.

Hasta donde es posible saber, gracias al padre Alejandro Solalinde —veterano de muchas luchas sociales— los jóvenes estudiantes no sólo habrían sido asesinados, sino que fueron pasivos protagonistas de un “escarmiento” digno del Estado Islámico en Irak y Siria: fueron quemados con la intención de desmovilizar, para siempre, a los radicales e ideologizados alumnos de la Normal Rural. Si esa hipótesis se confirma, la idea de reparar el daño cometido a los estudiantes, a sus familias o a sus comunidades es prácticamente imposible de concebir: no hay modo de recuperar sus vidas ni de compensar la pérdida de ellas. Por ello, crece la indignación, las marchas y los extrañamientos.

Lo que los gobiernos federal y de Guerrero podrían hacer, en cambio, es reconocer el papel fundamental que han tenido, por comisión y omisión, para hacer posible una tragedia de estas dimensiones que, no lo perdamos de vista, es la culminación de una larga y dolorosa serie de episodios de violencia, resultado de corrupción, complicidad, opacidad y malas decisiones políticas que, lejos de impulsar modelos de desarrollo sustentable, condena a millones a ser pobres de por vida.

Lo primero es el agotamiento del modelo de desarrollo centrado en el turismo de gran escala, el que explica por qué Acapulco e Ixtapa concentran recursos en sus zonas hoteleras, pero que no los redistribuye de manera equitativa; los concentra en élites desarraigadas, con una visión del lucro de corto plazo y que, además, ha hecho de Acapulco una meca del turismo sexual, incluido el de menores de edad, y el narcotráfico, sin perder de vista los efectos devastadores que el modelo de urbanización aplicado ha tenido en los ecosistemas, que ha hecho a las comunidades más vulnerables ante ciclones y tormentas, lo que golpea más a los más pobres.

Y está el delicado problema del pésimo funcionamiento del sistema de justicia. Si en Guerrero hay tantos ciclos de violencia activos no es sólo por la violencia que la Normal de Ayotzinapa ejerce, o por el fenómeno —más bien reciente— de la presencia de grupos criminales asociados a cárteles del narcotráfico. Guerrero ha padecido malos jueces, un Tribunal Superior de Justicia con pésimo desempeño y algunas de las peores corporaciones de policía, como la de Iguala que estuvo involucrada en la desaparición de los jóvenes. El aparato de justicia no contribuye a resolver conflictos; más bien los alimenta.

Otro factor que no puede desestimarse es el aislamiento en que se han mantenido cientos de pequeñas comunidades de las montañas y las costas Grande y Chica. Es un aislamiento múltiple. En un sentido, lo es en términos estrictamente físicos o geográficos, pues no hay caminos y los que hay (incluida la Autopista del Sol) son tan malos que no resisten las condiciones orográficas y telúricas de Guerrero. En otro, es un aislamiento académico, tecnológico, cultural. Quienes, con razón, critican la violencia con la que suelen comportarse los alumnos de Ayotzinapa, también deberían preguntarse por qué esos chicos, como muchos otros jóvenes mexicanos, se aferran a tan malas oportunidades académicas. La razón es sencilla: es la única oportunidad a su alcance.

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