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Igual o peor

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En los últimos días de abril, el Pew Research Center, una de las más importantes instituciones dedicadas al análisis social en Estados Unidos, publicó un informe de los datos más recientes en materia de migración de menores indocumentados.

Lo que llama la atención de este análisis, disponible en http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/04/28/child-migrants-border/, es una tercia de cambios. El primer cambio es una caída abrupta en el número de menores arrestados por EU, que en los primeros cinco meses de los años fiscales 2010 a 2015 cayó de casi 22 mil menores en 2014, a 12 mil 509 menores en el año fiscal 2015. Los años fiscales en EU inician en octubre del año calendario inmediato anterior, por lo que los datos corresponden al periodo octubre-febrero de cada año fiscal.

El segundo, es un aumento sostenido en el número de deportaciones de menores a cargo de las autoridades mexicanas. México reportó a las autoridades de EU, en el año fiscal 2010, la deportación de menos de mil menores, y esa estadística ha crecido de manera constante hasta alcanzar 3 mil 789 menores en lo que va del año fiscal 2015. El Pew Research Center destaca que en México aumentó 56 por ciento el número de deportaciones de menores solos e indocumentados.

El tercero, es una caída abrupta en el número de menores hondureños deportados por México, que pasó de ser 35 por ciento del total de los deportados en 2014, a poco más del 20 por ciento del total en 2015, mientras que los menores guatemaltecos deportados por México pasaron de ser poco más de 45 por ciento en 2014 a 60 por ciento en 2015, al tiempo que el porcentaje de los menores salvadoreños se mantenía en 18 por ciento en ambos años.

Si uno se atiene a los números, uno podría pensar que las cosas van bien y que ha terminado la parte más difícil de la crisis de derechos humanos que vivimos de manera dramática el año pasado. No es así. Las condiciones que empujan a que los menores migrantes indocumentados traten de salir solos de Guatemala, Honduras, El Salvador y México siguen siendo las mismas o peores. Hay zonas de los cuatro países en los que la violencia generada por el narcotráfico se ha recrudecido, como Tamaulipas, y las condiciones de funcionamiento de las economías de los cuatro países que expulsan menores indocumentados, siguen siendo insatisfactorias.

No se generan empleos porque nos empeñamos en sostener modelos de desarrollo orientados a exportar. Gracias a ello, existen vigorosas empresas con suficientes conexiones a los mercados internacionales, que desde el sector agropecuario o de la minería generan riqueza que, sin embargo, se concentra en unas cuantas manos y crean condiciones que alientan el narcotráfico y la emigración de las personas, menores incluidos, que “sobran”, es decir, de quienes no encuentran un lugar en los sectores productivos y rentables de la economía.

Quien quiera ver en los números del informe del Pew Research Center una historia de éxito, podrá celebrarlos. Sin embargo, reflejan la aplicación de un modelo policiaco de control y persecución por las consecuencias del mal desempeño económico en los cuatro países que expulsan población.

Detrás de este éxito aparente existen violaciones sistemáticas de los derechos de las personas que buscan mejores condiciones de vida, además de una profunda contradicción: somos un país que durante al menos tres décadas vivió en buena medida de las remesas que envían los migrantes que viven en EU, mayormente indocumentados, y ahora aplicamos idénticas medidas para reprimir a quienes tratan de hacer lo mismo: castigamos a las víctimas.

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