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Lucha contra la corrupción

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Se necesitaban 120 mil firmas para que la llamada Ley 3de3 pudiera entrar al Senado de la República e iniciar el proceso legislativo correspondiente. Cuando los promotores de esta iniciativa, principalmente, Juan Pardinas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Eduardo Bohórquez de Transparencia Internacional (TI), se presentaron el 17 de marzo ante esa instancia del Estado mexicano, había 291,467 rúbricas de ciudadanos en 14 cajas. Todo un récord establecido desde la sociedad civil e instituciones académicas en contra de la corrupción.

Al hacer uso de la palabra Bohórquez dijo: “Cientos de miles de ciudadanos evaluaremos el compromiso real de cada uno de los integrantes del Senado de la República y la Cámara de Diputados frente al desafío de la corrupción y la impunidad. El debate y la resolución legislativa de la iniciativa de ley 3de3 permitirán comprobar si las iniciativas ciudadanas son un instrumento para incrementar la confianza hacia los políticos o para profundizar la actual crisis de credibilidad”.

Buena amalgama entre el poder Legislativo y la sociedad civil. Apertura, diálogo y disposición a colaborar en la lucha contra uno de los males endémicos que azotan a la nación. Poco a poco, se está creando un espacio público de convergencia entre el Estado y la ciudadanía organizada para abordar un tema que no por ser antiguo es menos apremiante.

Jürgen Habermas lo dijo bien en su libro The Structural Transformation of the Public Sphere, una de las claves del proceso de formación de la moderna esfera pública es el encuentro entre el parlamento y las demandas civiles. Que la opinión pública encuentre eco en los órganos de representación popular.

Sea como fuere, el paso en el que ahora está el procedimiento iniciado hace dos semanas consiste en que el Instituto Nacional Electoral (INE) haga la compulsa necesaria para verificar que las firmas sean auténticas. Luego de lo cual, si todo está en regla, la iniciativa podrá ser discutida y, en su caso, aprobada. De ser así, esta disposición jurídica entraría a formar parte de las leyes secundarias en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno deberán presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. La norma en ciernes establece sanciones a los servidores públicos que no cumplan con esta exigencia. Cuando haya suficientes evidencias de haber procedido de manera incorrecta en el manejo de los bienes públicos; pero, además, también fija castigos para aquellos particulares que incurran, fomenten o solapen actos de corrupción.

Las conductas tipificadas como actos de corrupción son las siguientes: desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, uso ilegal de información falsa o confidencial, soborno, colusión, nepotismo y conspiración.

Queda por ver quiénes serán “los sujetos obligados”; o sea, las personas que deberán presentar esas 3 declaraciones: solo los funcionarios públicos o también, por ejemplo, los líderes sindicales, los dirigentes de partidos políticos e, incluso, eventualmente, miembros de la iniciativa privada que tienen contratos o algún tipo de interés o vínculo con el gobierno.

Lo positivo de esta experiencia de movilización ha sido la amplia red que se ha establecido entre una multitud de ciudadanos y organizaciones sinceramente comprometidos con la transparencia y la democracia en nuestro país. Es evidente que en este proceso la inmensa mayoría de los participantes han actuado de buena fe.

Aquello en lo que debemos tener cuidado es en los “colados”; es decir, en los que aprovechan cualquier oportunidad para “salir en la foto”. Son personajes de la farándula política y la “comentocracia”, hábiles en el manejo mediático. Suelen sacar raja del trabajo ajeno para lucro personal. No sólo en la política, sino también en la sociedad civil hay demagogos. No hicieron mayor esfuerzo que echar dos o tres telefonazos, maquillarse y trasladarse al escenario. Otros, en cambio, trabajaron a brazo partido por esta tarea titánica de recabar tantas y tantas firmas.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Ya todos en campaña

Durante los últimos meses, todos los partidos políticos han violado las leyes electorales con actos anticipados de campaña. Las denuncias incluyen desde propaganda ilegal, calumnias, presuntos pagos económicos por entrevistas en radio y televisión hasta el uso indebido de la pauta, entre otras irregularidades. Por ejemplo, hace unos días el INE pidió —a solicitud de Morena— al Gobierno de la Ciudad de México retirar de las bardas en que estaba pintado el logotipo de esa administración debido a que se estaba incurriendo en un supuesto acto anticipado de campaña. En Aguascalientes, en tanto, se solicitó a un aspirante del PRI a la gubernatura retirar del aire un video grabado desde Japón, en el que invitaba a apoyar su proyecto.

En Oaxaca, el precandidato de la alianza PRD-PAN, Estefan Garfias, fue sancionado con la módica cantidad de 36 mil pesos por actos anticipados (por cierto, para que uno de los seis millones de mexicanos que ganan el salario mínimo pudiera ahorrar esa cantidad tendría que trabajar casi año y medio). Destacan éstos, entre muchos otros ejemplos, así como el más mediático: el spot de López Obrador y su promesa de vender el avión presidencial. Sin embargo, estos actos proselitistas y las eventuales sanciones que se les apliquen ¿qué efecto tendrán en los resultados electorales del próximo 5 de junio? ¿Se pueden medir los daños? En las próximas elecciones podrá participar más del 50% de los mexicanos para elegir 12 gobernadores, 388 diputados locales y 548 ayuntamientos (en Oaxaca se elegirán 153 por régimen de partidos y 417 por usos y costumbres).

Pero mejor vamos por partes: ¿Qué es un acto anticipado de campaña? El artículo 3 de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales dice que son los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones para solicitar cualquier tipo de apoyo con miras a contender en el proceso electoral. A su vez, el artículo 134 de la Constitución prohíbe a los funcionarios públicos la propaganda personalizada. En este contexto, 12 entidades arrancarán campaña los primeros días de este mes y sólo Baja California y la Ciudad de México lo harán el 12 y 18 de abril.

Conductas denunciadas y medidas cautelares en 2015. El INE presentó el informe “Estadísticas de los Procedimientos Sancionadores y Medidas Cautelares”, en el que destaca que, de las 398 denuncias, seis de cada 10 fueron de partidos políticos; 25.63% se clasificaron como violaciones al artículo 134, referente a la utilización de recursos públicos con fines electorales; 24.12% a actos ilegales relacionados con la fijación de propaganda fuera del municipio, distrito o estado en el que se contendió 20.35% a la imputación directa de hechos o delitos falsos, 12.31% a la adquisición de tiempos de radio y televisión —es decir, la compra, contratación o beneficio obtenido a través de tiempo en radio o televisión distinto del asignado por la autoridad electoral—, 7.04% a actos anticipados de campaña o precampaña —es decir, posicionarse ante la ciudadanía con fines de ocupar un cargo de elección popular antes del inicio de las campañas o precampañas—, 4.52% por el uso indebido de pauta —es decir, por utilizar el tiempo asignado para la elección federal en promocionar a un candidato de una elección estatal— y 8.03% al uso indebido del padrón electoral. En respuesta a estas denuncias, el INE solamente sancionó al PVEM con una multa de más de 67 millones de pesos, y la suspensión de un día de prerrogativas en radio y televisión.

Lo más interesante de las sanciones son las nulas acciones coordinadas entre los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF. Por ejemplo, el caso más mediático fue el del spot de AMLO en referencia al avión presidencial. El Tribunal consideró que, al usar la expresión “en 2018 lo vamos a vender”, AMLO aludía a la elección presidencial de ese año.

Acciones, no dilaciones

En comunicación como en la vida, utilizamos adjetivos para expresar nuestro sentir y hacer valoraciones, pero lamentablemente no es mediante los adjetivos que se transforma una realidad, sino con argumentos y acciones.

Hoy, como desde hace varias décadas, el tema de la seguridad sigue siendo la principal preocupación de nuestra sociedad. Y hay razones de sobra para las expresiones de hartazgo social por los excesos y abusos de algunas autoridades; debemos reconocer —sin generalizar— que hay quien aprovecha la portación del uniforme para actuar en forma arbitraria contra las personas, sus derechos y libertades ¿Cómo pretendemos mejorar un esquema si no partimos de reconocer que está mal o, peor aún, es inexistente?

Si no hay garantías para hacer valer nuestros derechos, seguiremos a expensas del juicio o la voluntad de individuos, que dista de los intereses institucionales para salvaguardarlos.

Devolver la confianza y la credibilidad de la sociedad frente a las instituciones exige certeza en la protección de nuestra integridad física, pero también límites a las autoridades para que no haya atropellos ni autoritarismo.

Si bien es cierto que en todo Estado, particularmente en sus agentes del orden, recae la obligación de garantizar la seguridad y el orden público, también es innegable que cualquier Estado de Derecho tiene en la defensa y protección de los Derechos Humanos los límites para el uso de la fuerza pública.

Los excesos son fáciles de cometer cuando no existe una norma que regule la actuación de la autoridad. Durante los últimos días hemos atestiguado una interminable retahíla de adjetivos en torno a la Ley sobre el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, con la que prácticamente se hizo público el debate.

Ofrecer argumentos

Todas las expresiones han tenido cabida y son tan válidas como la decisión del gobierno del Estado de México para solicitar a la CNDH la revisión de esa nueva norma, con la intención de enriquecerla y hacerla más eficiente, garantizando una protección amplia a los derechos fundamentales de quienes vivimos en la entidad más poblada del país.

Aunque vale la pena ir más allá de los calificativos. Regular no es prohibir. Es poner límites, en este caso, al uso de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones de seguridad pública en cumplimiento de sus funciones.

Se establece, por ejemplo, una línea de mando para actuar, definido en el artículo 52 de la mencionada ley: “el mando o elemento que tenga conocimiento de un exceso o uso ilegítimo de la fuerza está obligado a denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente”, además de que el propio ordenamiento prevé sanciones administrativas, civiles o hasta penales para quienes incurran en falta.

La multicitada legislación precisa también que “no se podrán invocar circunstancias excepcionales, tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el uso de la fuerza en contra de los principios y responsabilidades”.

Es, en suma, un ejercicio que responde a la recomendación que en su momento hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano, a fin de asegurar que el uso de la fuerza observe, invariablemente, los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Como toda norma, es perfectible; todos, sin excepción, anhelamos recuperar la tranquilidad en nuestras calles y hoy tenemos los cauces para debatirlo públicamente. Y si alguien considera que no es así, habrá que ofrecer argumentos y razones, utilizando los mecanismos institucionales para dirimirlos. Enhorabuena por la discusión pública de los temas que nos atañen a todos y por la decisión del gobierno mexiquense de apostar a la transparencia y al conocimiento de la CNDH.

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