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Lucha contra la corrupción

OpiniónErick Zúñiga 

En octubre de 2003, la Asamblea General de la ONU decretó la Resolución 58/4 por la cual aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005. En la misma fecha de la aprobación de la Convención, la Asamblea General designó el día de hoy, 9 de diciembre, como el Día Internacional contra la Corrupción.

La Convención fue producto de diversas resoluciones previas, como la de diciembre de 2000, en la que estableció un comité especial encargado de negociar un instrumento jurídico internacional eficaz contra la corrupción, y otras de diciembre de 2001 y diciembre de 2002, relativas a la prevención de las prácticas corruptas y de la transferencia de fondos de origen ilícito, la lucha contra ellas y la repatriación de esos fondos a sus países de origen.

La Convención persigue: promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; y promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

No hay que olvidar que la OEA y la OCDE se adelantaron. En marzo de 1996 los estados miembro de la OEA adoptaron el primer instrumento jurídico internacional en la materia: la Convención Interamericana contra la Corrupción. Los estados firmantes aseguraron que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos; que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exigía combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas; que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social.

En 1997 la OCDE adoptó la Convención de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. En ella señaló: “la corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas.”

Me pregunto en este nuevo aniversario del Día Internacional contra la Corrupción si nuestro país ha actuado adecuadamente frente al flagelo. Creo que no aún y no adecuadamente. La reforma constitucional de mayo pasado, 10 años después de la entrada en vigor la Convención de la ONU y 19 de la Convención Interamericana, parece ser un buen primer paso. Depende de nuestro Congreso de la Unión la expedición de las leyes generales y federales derivadas.

En este asunto la voluntad política del Estado es indispensable, pero también se requiere del compromiso de los partidos políticos y de los altos decisores en lo individual para que la lucha no se detenga ni desvíe. Eso se verá en calidad, seriedad y alcances de las leyes y políticas públicas que los congresos y gobiernos deben alumbrar el año que entra.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Uso de distractores

A finales del mes pasado, surgió la noticia de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) había iniciado un proceso en contra de Arturo Escobar, dirigente del Partido Verde, durante los pasados comicios de junio. Esto a partir de una investigación que lo vinculaba en la participación de delitos electorales.

Escobar, quien se desempeñaba como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, ha sido un político controvertido desde antes de estos hechos. La designación en Gobernación estuvo acompañada de un fuerte movimiento de la sociedad organizada en contra de su designación, y ya desde antes se habían suscitado hechos que ponían en tela de juicio la imagen de Escobar. Sin embargo, nada que fuera procesado legalmente hasta esta acción de la FEPADE.

La acción de la FEPADE marcó un hito en la historia de la democracia al procesar a un colaborador directo del Gobierno Federal y otrora dirigente del partido aliado al PRI. No sabemos hasta dónde se podrá llevar el proceso, pero por sí sólo, que un órgano desconcentrado de la PGR cuya titular es priista, se atreviera a procesarlo era digno de reconocimiento. No porque se aplaudiera que hiciera uso de sus facultades legales la dependencia para iniciar el procedimiento legal, sino porque nunca antes había procedido de dicha forma.

Después de eso, surgió la nota de que el titular de la FEPADE, Santiago Nieto, había omitido en su curriculum su participación como asesor del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República. Sin duda, es una nota que lastima sin reparo la reputación de Santiago Nieto como cabeza de la dependencia que procesa los delitos electorales, más aun con la cantidad de elecciones locales en el año que viene.

Pero considero que hay que poner las cosas en contexto y que no pase inadvertido el hecho que originó todo. Primero que se investigue la participación de Arturo Escobar como posible autor de delitos electorales, que se llegue hasta las últimas consecuencias que la ley determine. Eso fortalecería a la FEPADE como un órgano que garantiza la vida democrática y el juego limpio en las elecciones de nuestro país, lo cual es fundamental que sea vista la institución así.

Por otro lado, que Santiago Nieto haga un análisis de la situación y, apegándose a una cuestión ética en la que la institución (FEPADE) está por encima de los intereses personales, distinga que la imagen que puede tener el ciudadano de un órgano de gobierno está dirigido por una persona con posible conflicto de intereses, no hace ningún bien.

Todo lo anterior, a mi juicio, demuestra el tortuoso camino que nuestra incipiente democracia tiene que recorrer para poder ir sentando bases en el Estado mexicano. Después de una acción que determinaba un gran paso democrático como lo representa la sanción a un líder de un partido por acciones ilegales en las elecciones; vino la respuesta de los poderes fácticos para dar un golpe certero a la democracia, desviando toda la atención del tema Escobar y ejecutando públicamente a Nieto por una desatención de él mismo.

Así son esos poderes, nunca van a perdonar que se pretendan dañar sus intereses y van a buscar el más mínimo detalle para acabar con quien intente meterse en el camino. Más en situaciones del Senado, en las cuales la negociación política muchas veces ha llevado a repartir designaciones por medio de cuotas, sin buscar primordialmente el perfil más adecuado. Un ejemplo perfecto son las ternas que ahora se discuten para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como mexicanos, no debemos dejar que queden impunes los delitos electorales y que no sólo pidamos una cabeza, porque está claro que ese tipo de delitos implican redes; así como debemos demandar a los actores políticos que si quieren ganar nuestra confianza, manifiesten sus conflictos de interés para que no ocurran sucesos que lastimen la democracia.

No a la violencia

Que hayan cambiado las reglas del juego en el sistema educativo no es extraño. En el caso de los alumnos de escuelas normales rurales y de los activistas de la CNTE, llegó el momento de cambiar usos y costumbres.

Funcionaron con impunidad por décadas, pero están de salida. De hecho, son cada día más peligrosos. Un riesgo para los aspirantes a maestros y para los que tienen plaza de maestros, pero en realidad viven del activismo político.

Pueden quedarse pronto en el desempleo. Los usos y costumbres de antaño giraban en torno a la extorsión política. Seguían la fórmula: te presiono con acciones ilegales y con el amago de la ingobernabilidad para obtener lo que quiero. Cuando quiera pedir otra cosa vuelvo a las andadas. Como esa fórmula sirvió por años se llegó a pesar que sería eterna, pero no. Todo cambia como quedó dicho

La reforma educativa, que ya tiene nivel constitucional, dato que es importante tener presente, la reforma, decía, se tiene que implementar en todo el país. No es una opción, es una responsabilidad porque así lo establece la ley.

Eso supone nuevas reglas del juego y dejar atrás usos y costumbres. Esto ha causado serias afectaciones a la CNTE, cuya dirigencia es una bestia herida.

De eso se trataba desde el principio: que el gobierno federal recuperara el control del proceso educativo, lo que incluye tener las riendas de la movilidad de los maestros y poner normas para sus ascensos. Los maestros no pueden ser patrones y empleados al mismo tiempo. El patrón es el Estado mexicano y el jefe del Estado es el presidente de la República, no los líderes sindicales. Está clarísimo.

Los beneficiarios del negocio

Los líderes de las diversas secciones de la CNTE están en proceso de perder un negocio formidable. Por si fuera poco, pierden poder político a pasos agigantados. Sus estertores han causado heridos e incluso un muerto ayer en Chiapas.

Un activista fue atropellado por un camión robado y conducido por sus compinches. Un camión con el que pensaban embestir una fila de uniformados. El luto es de todos, pero la responsabilidad es de los líderes que están llevando a sus huestes al Cañón del Sumidero.

Todo con tal de no asumir una derrota política. No quieren la evaluación porque eso supone perder el control que llegaron a tener sobre la carrera de los maestros. Eso es todo, lo demás es demagogia.

A nadie debe alegrar las embestidas de la policía para intentar que los activistas se mantengan dentro del marco de ley.  Los brotes de violencia son muestra de nuestra incapacidad de conducir la vida pública dentro del estado de derecho.

Tengo que subrayar, a estas alturas, lo siguiente: robar camiones, vandalizar edificios públicos, atracar comercios, tomar casetas de peaje, agredir a colegas son delitos que cometen normalistas y activistas a cada rato. La policía no se puede quedar de brazos cruzados, viendo cómo alguien contempla el atardecer. Tiene que actuar. Si consigue detener a los responsables en flagrancia, mejor.

Nadie quiere que la violencia se expanda. Todos pierden. A pesar de eso, aquellos que violen la ley para exigir plazas de trabajo de manera automática, o para impedir que la reforma educativa se concrete, se deberán atener a las consecuencias de sus actos. ¿Es mucho pedir que los nuevos usos y costumbres dentro del sistema educativo estén dentro de la ley?

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