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Lula da Silva y Rousseff, absueltos de supuesto desvío de fondos públicos

Por “falta de pruebas”; el juez critica la denuncia al calificarla como “un intento de criminalizar la actividad política”

NTX/La Justicia Federal de Brasil absolvió a los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff de las acusaciones de integrar una organización criminal destinada a desviar fondos públicos de la petrolera Petrobras y de otras empresas estatales hacia su partido.

El juez federal de Brasilia, Marcus Vinicius Reis Bastos, absolvió a Lula y Rousseff por “falta de pruebas” y criticó la denuncia al calificarla como “un intento de criminalizar la actividad política”, informó este jueves la prensa local.

Bastos aseguró que las acusaciones “no permiten siquiera concluir la existencia de una asociación, estructuralmente ordenada, de cuatro o más personas, con división de tareas, o alguna forma de jerarquía y estabilidad”.

La denuncia es un intento de “criminalizar la actividad política”, pues supone que existe una organización criminal que perdura hasta el mandato de Dilma Rousseff sin siquiera apuntar elementos esenciales de la caracterización de esa actividad delictiva, explicó.

Además de Lula y Rousseff, también fueron absueltos los ex ministros de Economía Antonio Palocci y Guido Mantega, así como el ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari Neto, éste último aún preso en un caso de corrupción.

Los cinco fueron juzgados por haber integrado una organización criminal para desviar recursos de Petrobras y de otras empresas estatales durante los gobiernos del PT, primero con Lula (2003-2011) y después con Rousseff (2011-2016), para supuestamente financiar las campañas electorales del partido.

Poco antes del fin de su mandato en 2017, el Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, presentó la denuncia, acusando a la cúpula del PT de haber recibido más mil 400 millones de reales (unos 352.4 millones de dólares) para las campañas electorales de su partido.

Apenas la semana pasada, la Justicia condenó a Lula da Silva a 17 años de cárcel por el caso de la finca de Atibaia, una casa de campo que habría sido reformada por empresas contratistas de Petrobras como agradecimiento por los esfuerzos del ex mandatario para conseguirles jugosos contratos.

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