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Transparencia y transformación

Opinión-colorÁguila o Sol

De: Prof. Monjardín

Imagine usted que en plena lluvia de verano, donde en muchas partes del país se manifiesta con relámpagos y chubascos fuertes, un fuerte viento asusta la electricidad de su colonia apagando abanicos y aires acondicionados que aminoran el agobiante calor. Situación que se expande sistemáticamente en muchas colonias. Los servidores públicos encargados de restablecer el servicio, en plena acción descubren un famoso diablito en un hogar o negocio, el cual provocó –so pretexto del viento- el corto circuito en el alambrado público. El inoportuno corto eléctrico deja su sentido técnico para ser parte de una disfuncionalidad de carácter social. El círculo se cierra cuando el servidor público en vez de aplicar la ley le pide al autor(es) del delito que se “moche” para arreglar el asunto. En ese acto los dos ganaron, pero perdimos todos.

Qué decir del hipotético caso cuando un estudiante manifiesta soborno con el profesor ante sus recurrentes inasistencias a fin de no perder el curso, o cuando se “compra” una calificación; ahí se gestó el inicio de una historia de convivencia con la ilegalidad.

Los constantes casos de soborno y corrupción que se dan en las presidencias municipales, espacio donde es más frecuente el contacto y exigencia ciudadana con el servicio público, ni que decir de la situación en gobiernos estatales. O la corrupción judicial, aquella que ha escapado a la estridencia de la crítica mediática, cuando hay quienes consideran que es de las peores manifestaciones de esta ilegalidad; una persona puede perder su libertad o su patrimonio por la compra de decisiones judiciales. Podríamos pasar horas.

Se ha escrito mucho sobre corrupción. No quiero confundirlo amable lector ni relajar la rigurosidad del análisis con la escenificación de actividades y/o fraudes públicos que se comenten en distintos espacios de nuestra cotidianeidad, por el contrario, solo pretendo ubicar un fenómeno sistémico y sistemático, con motivaciones diversas que nos urge erradicar en todos los sectores sociales, con instituciones y leyes punitivas, así como con educación y enfoque ético que reivindique el compromiso ciudadano con la legalidad. Todo este proceso no servirá de mucho sin la participación de la sociedad en su conjunto.

Definiciones de corrupción abundan. La Real Academia de la Lengua la define como acción y efecto de corromper. En un acercamiento más amplio señala que en las organizaciones, especialmente en las públicas, es una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de estas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido este problema como “un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo”. Para enfrentar la persistencia de este flagelo, hoy México tiene una respuesta robusta. Ejecutivo y Legislativo han demostrado estar a la altura para encaminar el espíritu de cambio institucional, esta configuración reformista que acertadamente propuso el Presidente.

Con la aprobación reciente del Sistema Nacional Anticorrupción, una vez más el Congreso de la Unión alcanzó los consensos para dotar de bases e instrumentos que nos lleven a erradicar este flagelo que cuesta mucho –en términos globales, para la OCDE el costo de la corrupción mundial llega a los 2.6 trillones de dólares-, limita en gran medida el desarrollo económico, y que nos impide aterrizar por completo el estado de derecho y la nación igualitaria y prospera que todos nos merecemos.

Con esta reforma a la Constitución que tiene como origen la propuesta del presidente Peña Nieto, dotamos de un andamiaje jurídico novedoso, que habrá de prevenir, investigar y castigar la corrupción en todos los niveles de la administración.

Al servicio del mejor postor

Hugo Díaz, dirigente del sindicato de trabajadores de la fábrica de autos Chrysler, se apodera poco a poco de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); aprovecha la senilidad de su guía, Joaquín Gamboa Pascoe, a quien ha levantado un monumento mientras desplaza a los dirigentes históricos.

Sorprende el activismo de Díaz, considerando que un sindicato de empresa, como es el de la fábrica automotriz, se encuentra en apariencia impedido para usar recursos, como se estila en los que pertenecen al sector oficial.

La versión que corre entre los afiliados a otros sindicatos de la esa misma industria es que se pretende cooptar a la CTM para ponerla al servicio de las automotrices que aumentan en forma escandalosa sus inversiones en México.

En un ambiente de por sí desconfiable por la inseguridad pública, los vaivenes económicos y la volatilidad social expresada mayormente en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, los inversionistas quieren estar seguros de que atrás de todo eso no estarán en algún momento los líderes obreros de las distintas centrales nacionales.

Las armadoras, que no fabricantes de coches, son las niñas de los ojos del gobierno, al que dan base firme para asegurar que las inversiones del exterior se están volcando incontenibles sobre México, y lo sitúan en el sexto lugar de los diez países más atractivos para los capitales internacionales

En fechas recientes registramos la apertura de nuevas fábricas en territorio nacional unas, que ya operaban en México pero buscan ampliar su mercado con costos más económicos, y otras que traerán sus marcas ausentes del mercado nacional, para lanzar desde aquí sus productos al resto de América Latina, especialmente a Estados Unidos.

En un afán constructivo

De lo anterior se desprende el interés para que la principal central obrera del país esté bajo la férula de un paniaguado de los empresarios; y atinaron: como primer acercamiento a Joaquín Gamboa Pascoe, el casi nonagenario dirigente cetemista, Hugo Díaz patrocinó una estatua que sustituyó a las que había de Fidel Velázquez, fundador y referencia eterna del cetemismo nacional, y de su sucesor, Leonardo Rodríguez Alcaine, dirigente electricista, ambos fallecidos.

La foto de la develación de la augusta efigie del líder es patética: un anciano junto a la estatua, emulando la figura de bronce, el gesto hierático, la pose atlética mirando al infinito. Aplausos a granel y felicitaciones hasta terminar con las botellas patrocinadas para tan gran festejo. “El mayor registrado en la historia de la veterana institución”, se afirmó.

El segundo paso fue el retiro de todo reconocimiento a dirigentes tradicionales, especialmente a petroleros, cuyo líder Carlos Romero, fue excluido de todo acto oficial, aunque es el principal sostén económico de la agrupación.

Se excluyó al Sindicato de los electricistas de la República Mexicana, el otro aportante de fondos para los mausoleos (oficinas, las llaman), de los cetemistas. Se desechó a los dirigentes históricos y al patricio se le renovó su equipo automotriz desde luego el Mercedes Benz. Asunto concluido, paz eterna para las armadoras.

Aceptemos la palabra de un hombre formal serio y siempre puntual: Pepe Contreras quien afirma que en el Congreso, entre una y otra cámara, dejaron pendientes dos mil 600 iniciativas. Los impresentables de la asamblea local, presumieron el dictamen de 461 leyes, decretos y más etcéteras.

Sin ánimo fregativo, pero reto a cualquier legislador, del partido que sea, y del nivel político en que se encuentre, a que enliste los pendientes. Y nos explique su importancia.

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