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Trump cambia regulación de Obama y no tendrá que revelar las bajas civiles en ataques con drones

Agencias/El presidente Donald Trump ha modificado drásticamente la política que había regido las operaciones militares estadounidenses con drones armados y otras formas de ataque a distancia, especialmente la normativa, establecida al final de la administración de Barack Obama, que obligaba al gobierno a presentar anualmente un informe público y desclasificado sobre la cantidad de ataques realizados contra objetivos terroristas fuera de áreas de combate activo y sobre el número de víctimas, tanto combatientes como civiles, provocadas por esos bombardeos.

La orden ejecutiva que Trump emitió al respecto implica, en la práctica, que el público estadounidense ya no se enterará directamente de la cantidad de bajas civiles que bombardeos con drones u otras armas de largo alcance provocaron o provocarán, por ejemplo, en ataques contra zonas en Yemen, Somalia y Pakistán o en cualquier otra región que no sea una zona de hostilidades directas, como actualmente son Afganistán y Siria.

Esa regulación fue establecida en julio de 2016 por una orden ejecutiva de Obama, luego de presiones para que se transparentara la cantidad de bajas civiles que esos bombardeos con drones provocaban cuando, por ejemplo, se decidía lanzar un ataque para eliminar a un líder terrorista u otra amenaza mayor fuera de una zona de combate.

Pero, ahora, la administración de Trump considera “superflua” o “redundante”, de acuerdo a The New York Times, la exigencia de emitir ese reporte dado que, entre 2018 y 2019, ya en la actual administración, el Congreso estableció obligaciones para que el Pentágono reporte anualmente esas bajas civiles, pero solo a los integrantes de los Comités de Defensa del Congreso y no necesariamente de modo completamente desclasificado.

Y aunque otra disposición de ley avala que un reporte al respecto pueda hacerse público, no lo impone como algo obligatorio y lo permite solo en caso de que el propio Pentágono certifique que esa información no tiene riesgos para la seguridad nacional. Por añadidura, esas regulaciones solo incluyen las actividades del Departamento de Defensa y no las de CIA.

Es por ello que, en realidad, el reporte eliminado por la Casa Blanca no era superfluo o redundante pues ninguna de las regulaciones vigentes obliga a reportar abiertamente al público las bajas civiles causadas por esos ataques de drones en zonas fuera de áreas de combate.

De acuerdo a cifras de reportes previos, 117 civiles murieron entre 2009 y 2016 en ataques con drones lanzados por Estados Unidos contra objetivos terroristas fuera de zonas de combate. Durante toda la presidencia de Obama se lanzaron un total de 1,878 ataques con drones pero en lo que va de la de Trump se han ya realizado 2,243, de acuerdo a la BBC. Desde 2017 la administración de Trump no ha revelado las cifras de bajas civiles referidas. Y presumiblemente no lo hará en adelante tampoco, dadas las implicaciones de la reciente orden ejecutiva al respecto.

Por añadidura, como indicó el Times, desde 2017 Trump había ya modificado los lineamientos de combate que limitaba los ataques con drones a objetivos que eran líderes terroristas y no los validaba solo contra milicianos comunes.

Ciertamente, el presidente tiene la autoridad de revocar órdenes ejecutivas de mandatarios anteriores, y ese es el caso en la regulación sobre reporte de bajas civiles citada. Pero el efecto de ello, y dado que las normas aprobadas por el Congreso son en la práctica menos transparentes, es que el público estadounidense tiene ahora menos posibilidades de informarse y de exigir rendición de cuentas en este espinoso asunto de las bajas civiles provocadas por ataques de drones y otros sistemas estadounidenses en operaciones en el extranjero. Y eso no obstante que la regla de priorizar al máximo el evitar bajas civiles en tales ataques continúa vigente.

La falta de transparencia perturba por ello a amplia escala, tanto porque se reduce drásticamente el acceso público a daros del Pentágono y porque no habría modo de que la ciudadanía se entere de las operaciones con drones de la CIA, como se desprende de comentarios de Steven Aftergood, de la Federación de Científicos Estadounidenses, citados por la agencia AP. El director de la Unión Americana de Derechos Civiles también dijo a AP que la determinación de Trump al respecto está “profundamente errada y es peligrosa para la rendición pública de cuentas”.

Legisladores demócratas también han considerado problemático el asunto y, dada su nueva mayoría en la Cámara de Representantes, podrían establecer ese reporte público de bajas civiles como obligatorio vía una legislación, que no podría ser removida por el presidente como si es el caso con órdenes ejecutivas previas. Con todo, el proceso legislativo al respecto es incierto y, por lo pronto, desde 2017 a la fecha el gobierno federal no ha dado cuenta pública de la cantidad de bajas civiles que sus con drones han provocado en zonas no combatientes.

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