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Una tarea para todos

Opinión-colorÁguila o Sol

De: Prof. Monjardín

El antecedente del municipio en México lo encontramos en los calpullis, que se caracterizaron por ser la unidad económica autosuficiente con gobierno propio, la propiedad era comunal, los vecinos tenían derecho al usufructo, pero no a la propiedad privada; el consejo de ancianos era una junta vecinal, la cual estaba representada por un integrante de cada familia, que designaba por elección a los funcionarios.

La Constitución de 1824 estableció las bases de la libertad de los estados para que organizaran su régimen interior. Durante el Segundo Imperio Mexicano, se utilizó el Departamento como división territorial, sustituyéndose al estado. Finalmente en la Constitución de 1917, Venustiano Carranza reforma el artículo 115 estableciendo que la base de la división territorial y de la organización política administrativa de los estados de la federación es el “Municipio Libre”.

En 1983, al modificarse el artículo 115 de la Constitución Política de México se otorga al municipio la capacidad jurídica de formular el presupuesto y recaudar ciertos impuestos. Se establece que son parte del municipio las congregaciones, pueblos, aldeas, ejidos y ranchos que se encuentran dentro del territorio municipal. Uno de estos pueblos o ciudades funcionan como “Cabecera Municipal”, desde donde el presidente gobierna.

Este nivel de gobierno que tiene la misión de atender las necesidades más inmediatas de una localidad, especialmente la seguridad, ha sido víctima  histórica de la pulsión del centralismo que caracteriza al país desde el virreinato. Los  municipios  son el reflejo de la desigualdad de nuestra nación. Los hay prósperos, los menos, y muchos miserables. Así como hay municipios ricos, como Monterrey o San Pedro Garza García en Nuevo León, hay otros que exhiben niveles de pobreza alarmantes, donde la gente tiene problemas incluso para comer tres veces al día. Van como ejemplos los nombres de  Metlatonoc, en Guerrero, Coicoyán en Oaxaca o el Pinar en Chiapas.

El caso Iguala y la actuación delincuencial de su Presidente Municipal José Luis Abarca impacta de tal manera las  estructuras del  Estado mexicano que más allá de la investigación formal que está en curso, y que eventualmente llevará a la captura de los autores materiales y, acaso, de los  intelectuales de los hechos incalificables; lo que es un imperativo para el Estado mexicano y para el prestigio del gobierno del presidente Enrique Peña, impone una reflexión sobre  el andamiaje estatal para intentar desentrañar las causas de la aguda debilidad institucional de muchos municipios del país, que han permitido que bandas del crimen organizado asuman en muchos casos el poder real, dejando a las autoridades legalmente constituidas un papel secundario, apenas  decorativo, pues no tienen elementos reales para hacer frente al amago de la delincuencia que hace a los alcaldes aquella estremecedora oferta: “Cooperas o cuello”. Casi siempre  los presidentes municipales terminan cooperando, aunque  en ocasiones  son eliminados.  La combinación de  debilidad institucional y corrupción coloca a los  municipios en una charola de plata  para los depredadores  de la mafia.

Según estudios recientes, más del 70 por ciento de los municipios del país  están bajo control de la mafia. Entran como cuchillo en mantequilla porque en casi todos hay una  tradición añeja de corrupción en la policía, que se dedica a  extorsionar a los ciudadanos, para cubrir la cuota con sus superiores y de éstos, con las principales figuras políticas de la localidad. La ancestral proclividad  a la corrupción vuelve porosas a las alcaldías que son presa, más que fácil, del crimen organizado. No hace  mucho, un candidato a alcalde en Nayarit, Hilario Ramírez, aceptó que una anterior  gestión al frente del municipio de San Blas había robado,  pero “muy  poquito” porque el presupuesto era pequeño. La  anécdota se completa señalando que Hilario volvió a ganar.

Barbarie

La dura reacción internacional a lo que parece una matanza de estudiantes en Iguala ha tomado por sorpresa al Gobierno Federal.  Manifestaciones públicas en Europa y Estados Unidos, severos e implacables reclamos de la prensa mundial, y comunicados de la ONU y organismos internacionales atónicos frente a un crimen multitudinario inadmisible, han puesto a México en la misma tesitura con la que se juzga a alguna dictadura africana. El escándalo mundial ha puesto en entredicho la imagen modernizadora que Peña Nieto había venido construyendo en el ámbito mundial.

En un primer momento muchos mexicanos, incluso, tomaron la noticia como uno más de los hechos de sangre a los que nos tiene acostumbrados la larga guerra en contra del crimen organizado. Luego de cien mil muertos y noticias frecuentes sobre fosas comunes o docenas de degollados, la opinión pública del País ha perdido sensibilidad frente a estos hechos. Pero lo de Iguala y antes lo de Tlatlaya constituyen una nueva cota, y apenas comenzamos a darnos cuenta.

Se trata de ajusticiamiento a sangre fría realizados por autoridades en contra de docenas de civiles desarmados y sometidos. El primer caso, Tlatlaya, involucra a soldados, y el segundo, Iguala, a policías municipales. Todavía recordamos el escándalo que provocó el exterminio de la aldea vietnamita MyLai por parte de soldados estadounidenses hace más de cuarenta años. El hecho provocó libros y películas, y dejó una profunda cicatriz en la conciencia de Norteamérica. Lo que ha pasado en Guerrero y en el Estado de México no es menor. Aunque nos resistamos a creerlo.

Peña Nieto mismo lo subestimó en una primera instancia. Creyó que con echar la culpa al Gobernador de Guerrero podía desembarazarse del tema e incluso ganar políticamente al atribuir la factura a la oposición. No se dio cuenta que para la opinión pública internacional el responsable de este salvajismo es el Estado, no un gobernador de provincias. Casi dos semanas más tarde el Gobierno Federal comienza a reaccionar y darse cuenta de la profunda lesión que deja este desaguisado.

Excesos

El gobierno de Felipe Calderón y el de Peña Nieto decidieron emprender una batalla implacable en contra del crimen organizado, al margen de la legalidad. Miles de muertos sin que existan los procesos judiciales correspondientes dan cuenta de un enfoque más cercano al exterminio que a la aplicación del derecho y la justicia.

Una y otra vez el gobierno anterior permitió todo tipo de excesos y violaciones a Genaro García Luna, su zar antidrogas. El fin justificaba cualquier medio: los narcos no tenían estatuto de combatientes de un ejército rival ni eran delincuentes civiles, simplemente constituían una escoria que debía ser eliminada. Los cuerpos policiacos y castrenses asumieron que en esta guerra no había límite y todo les estaba permitido. A razón de 50 ejecuciones por día, jornada tras jornada, los integrantes de la ley pronto entendieron que nunca habría un fiscal detrás de ellos para castigar sus excesos.

La crueldad y la violencia de la batalla hicieron el resto. Los códigos de la mafia terminaron por dominar a todos los bandos: a un dedo roto se responde con la mutilación de un brazo; una ejecución desencadena media docena de degollados; la muerte de un cuadro apreciado se castiga con el asesinato de la familia del rival. Nuestras fuerzas de seguridad han conducido durante demasiado tiempo una lucha salvaje y sin códigos en contra de la población civil.

El gobierno tendrá que hacer una reconsideración drástica en la manera en que se ha conducido esta guerra sucia, sin leyes ni códigos. La única salida es la implantación del estado de derecho, el retiro del ejército de tareas policiacas, y la creación de cuerpos de seguridad y justicia verdaderamente profesionales. De otra forma, soldados y policías continuarán provocando crímenes de lesa humanidad que el Occidente creía haber dejado atrás para siempre.

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