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¿Y al pueblo quién lo defiende?

 

Opinión-colorÁguila o Sol

De: Prof. Monjardín

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se extendió a nivel internacional la institución del Ombudsman o defensor del pueblo, con el objetivo de tutelar y proteger los derechos humanos. El desarrollo de esta figura en los diferentes ordenamientos jurídicos ha permitido el establecimiento de una defensoría ciudadana frente a las arbitrariedades del poder.

La función esencial del Ombudsman es la tutela de los derechos e intereses legítimos de los gobernados, incluyendo los de carácter constitucional, a través de la fiscalización de la actividad de las autoridades con el propósito de prevenir la violación de los derechos humanos o de obtener la restitución de los mismos.

De acuerdo con el ilustre constitucionalista canadiense Donald Rowat, el Ombudsman debe ser un funcionario autónomo, sin vinculación con los partidos políticos, que conozca de las quejas específicas del público contra la injusticia y la defectuosa actividad de las autoridades.

México vive una situación crítica en materia de derechos humanos. Los casos de Tlatlaya y de Ayotzinapa son ejemplos recientes de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, pero se puede agregar la persistencia de la tortura, la terrible situación de nuestro sistema penitenciario, así como las frecuentes violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, las víctimas del delito y los migrantes.

Los derechos humanos en nuestro país no han mejorado, por el contrario han retrocedido. La falta de aplicación efectiva de las consecuencias previstas por las leyes para quienes los violan, tiene el pernicioso efecto de incentivar nuevas violaciones a los derechos de las personas.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 trajo grandes cambios, pero que aún no se traducen en un mejor funcionamiento de la CNDH como institución garante. La protección de la dignidad, la vida, la libertad, la seguridad y la certeza jurídica así como de los derechos ciudadanos, son una necesidad permanente de la convivencia humana y al mismo tiempo, un deber ineludible del Estado.

En este contexto, el actual Ombudsman Raúl Plascencia Villanueva concluye su gestión el próximo 15 de noviembre, por lo que el Senado de la República lleva a cabo el proceso para ratificarlo o sustituirlo como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2014-2019.

Cualquiera que sea la decisión que los senadores adopten, es necesario recordarles que los derechos fundamentales se han convertido en el eje central de la discusión sobre los límites y los fines de la acción política, y que la CNDH representa una de las instituciones más relevantes de nuestra transición democrática y el producto más acabado de nuestro sistema jurídico y político en materia de lucha contra la impunidad.

La apasionada lucha política que existe en México ha neutralizado paulatinamente a los denominados “órganos constitucionales autónomos”. La decisiva intervención de los partidos en su conformación ha limitado fuertemente la presencia ciudadana, por lo que es necesario revertir este cambio de orientación. En los próximos días podremos observar si la institución nacional defensora de los derechos humanos logrará mantenerse incólume frente a esta perniciosa tendencia que afecta nuestro proceso democratizador.

 

Cualquier remedio es insuficiente

Muchos mexicanos condenamos la atrocidad que conlleva la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. No hay palabras para describir la barbarie y el horror que se cometieron en los momentos de la desaparición.

Después no sabemos aún que sucedió. Resulta crucial que, como sociedad, seamos capaces de fijar las responsabilidades que condujeron a un hecho de esta naturaleza.

Es ahí donde el panorama se enturbia pues los diferentes actores políticos se lamentan del suceso e incluso piden perdón, pero nadie se hace cargo de la larga cadena de decisiones y omisiones que, sumadas a lo largo de los años, dieron como resultado este terrible acontecimiento.

En efecto, lo que sucedió no fue un hecho aislado, sino el resultado de un proceso de deterioro institucional y social que a lo largo de los años ha dejado pasar  hechos y condiciones que, de haberse corregido en su momento, habrían generado un escenario distinto.

Los gobiernos del estado (actuales y pasados) y los partidos políticos miran al otro lado, toman distancia, dicen que fueron “otros” y hasta se someten a una “revocación de mandato” que nunca sucederá. Resulta indignante la actitud política del gobernador Aguirre.

Su renuncia voluntaria hubiera sido un acto de mínimo respeto a los ciudadanos. Por su parte, los partidos políticos se muestran incapaces de entender que su carácter de instituciones de interés público financiadas con recursos públicos los obliga a tomar responsabilidades directas por la selección de sus candidatos. No, no basta con pedir perdón, se necesita mucho más.

La magnitud de la tragedia hace que los “remedios” luzcan insuficientes y hasta ridículos, y que de nuevo muestren nuestra incapacidad de comprender la gravedad y complejidad de la situación que enfrentamos. Esperamos una acción rápida y contundente de la PGR, cuando sabemos que una investigación técnicamente robusta lleva tiempo y que, en el mejor de los casos, sólo nos conducirá a la identificación de los responsables materiales e intelectuales, no del fondo del problema.

Invirtamos en nosotros mismos

Lo primero es estar libre de compromisos financieros mejor conocidos como “Deudas”, para que disponga de recurso para empezar a invertir su dinero, en caso de tenerlas procurar que estén muy bien controladas para que no afecten la liquidez.

Solo destine a la inversión el excedente entre sus ingresos y sus gastos comunes. Ahorre.Jamás invierta en productos e instrumentos que no entienda. Si no los comprende, no podrá saber si son adecuados para su perfil. Siempre consulte a un especialista.

Si es principiante puede optar por el plazo fijo pero a largo plazo que da mayor rendimiento o pagaré bancario, tus recursos no corren ningún riesgo porque están protegidas por una institución financiera.

Invierta una parte de su dinero en su cuenta individual o en la subcuenta para el retiro, (AFORE) por medio del ahorro voluntario, lo valorará cuando esté jubilado.

Los fondos que le ofrezcan dependiendo del riesgo y el tiempo de vida de la inversión pueden ofrecerle mucho más rendimiento que los instrumentos tradicionales de un banco. Considere dos elementos clave: el plazo y la diversificación.

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